El Estado es el principal responsable en ofrecer todas las garantías en el derecho a la educación. De tal modo, es imprescindible que exista políticas públicas que respalden esta función por parte del Estado. Cuando se analiza el artículo 5 de la LOIE es inevitable pensar en Katarina Tomasevski, quien había sido designada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la primera relatora especial del derecho a la educación en 1988, y quien mencionó el concepto de las 4 “A” del derecho de la educación:

Asequibilidad: asegurar la disponibilidad de una oferta educativa gratuita que cuente con las capacidades adecuadas (maestros y directivos profesionales, infraestructura y dotación adecuadas).

Accesibilidad: garantizar a todos y cada uno el acceso pertinente a una educación o educaciones sin discriminación de ningún tipo.

Aceptabilidad: asegurar procesos y contenidos relevantes y de calidad, culturalmente apropiados, consecuentes con los derechos humanos.

Adaptabilidad: que sea una educación capaz de adaptarse y evolucionar de acuerdo con las necesidades, intereses, capacidades de la sociedad y de cada individuo, con sentido para cada estudiante; que promueva la integración de estrategias sectoriales por el principio de indivisibilidad de los derechos humanos.

De este modo, nos insta a pensar que la educación no debe ser entendida como un servicio, sino como un derecho, pues, ella nos permite participar activamente en la sociedad.

Katarina también se refirió en varias ocasiones sobre los actores principales en la garantía del derecho a la educación, entre ellos está el Estado.

  1. Los niños y niñas como titulares del derecho a la educación y con el deber de educarse
  2. Las familias que son las primeras educadoras
  3. El Estado que debe asegurar el derecho a la educación
  4. Los educadores a cargo de los procesos de enseñanza aprendizaje

La reformatoria a la Ley Orgánica de la Educación Intercultural manifiesta en su artículo 5 la obligación del Estado con respecto a la educación

La educación como obligación del Estado. – El Estado tiene la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación de todos los habitantes del territorio ecuatoriano y de los ecuatorianos en el exterior y el acceso universal a lo largo de su vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y culminar los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a través de la Autoridad Educativa Nacional de conformidad con la Constitución de la República y la Ley, y garantizará una educación pública de calidad, gratuita y laica.

Fuente: LOEI 2021

Palabra Maestra

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